Según se puede desprender de nuevas leyes ya publicadas con periodo de entrada en vigor prevista ya determinado o en fase de anteproyecto, las relaciones y notificaciones de las Administraciones Públicas entre ellas y con los ciudadanos y empresas serán de forma electrónicas sí o sí. ¿Están las Administraciones Públicas preparadas?
Las relaciones y notificaciones de las Administraciones Públicas entre ellas y con los ciudadanos y empresas serán electrónicas sí o sí.
¿Y esto quien lo dice?
Lo están diciendo las nuevas leyes publicadas con periodo de entrada en vigor ya determinado y lo dicen nuevas leyes ya en fase de anteproyecto.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
- Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
- a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública
Artículo 22. Normas aplicables a las comunicaciones
- Los Estados miembros garantizarán que todas las comunicaciones y todos los intercambios de información en virtud de la presente Directiva, y en particular la presentación electrónica de ofertas, se lleven a cabo utilizando medios de comunicación de conformidad con los requisitos establecidos en el presente artículo. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de contratación.
¿Y ante esto cómo reaccionan las Administraciones Públicas?
Pues como siempre hay variedad de reacciones y maneras de ver el futuro electrónico, pero desde mi punto de vista, podemos clasificar las administraciones en cuatro grupos, según su manera de ver y reaccionar ante la situación:
- Están preparados
Por supuesto que en este país existen administraciones públicas convencidas desde hace años en las ventajas que aportan los medios electrónicos, también en sus comunicaciones con terceros y ante esto las nuevas leyes solo les producen satisfacción ya que corroboran su estrategia.
- Con planes para abordar los cambios.
Son administraciones públicas muchas de las cuales ya llevan tiempo convencidas de las ventajas del medio electrónico, pero que por diversas razones (tiempo, dinero,. ), no han podido abordar proyectos en esta línea, a estas las nuevas leyes les producen inquietud pero les motivan a emprender el camino del cambio.
- Sin planes, a pesar de los plazos obligatorios
Su motivación por la temática es muy limitada o incluso son contrarias y si bien se han enterado lo dejan para verlo en cuanto tengan tiempo o ganas, convencidos de que a pesar de que hay unos plazos definidos ya se prorrogarán o habrán diversos motivos para saltarse la obligatoriedad, algunas de estas administraciones ya tienen preparados los motivos para no aplicar los cambios necesarios.
- A la espera de algún organismo superior para dar la solución
Dentro de este grupo de administraciones públicas nos encontramos muchas de las administraciones que por su tamaño y capacidad no pueden pensar en una implantación particularizada de las soluciones/plataformas de administración y contratación pública necesarias para poder cumplir con la obligación. A estas administraciones las nuevas leyes les producen inquietud por su falta de recursos para implantar cambios.
Cada administración pública tiene sus razones para encasillarse dentro de uno de los grupos, pero sea cual sea la razón, el tiempo (corto plazo) llevará a la plena relación electrónica.
Cabe observar la incongruencia de que muchos de los reticentes y opositores al cambio electrónico, en su vida particular ya estan de lleno viviendo en el mundo de las comunicaciones electrónicas.
